Berenice Bedoya, representante legal de la ASI, alerta sobre alcances de la reforma pensional anunciada por el Gobierno de Duque

En un detallado análisis consignado en una columna de opinión que se publica en este portal web, la representante legal de la Alianza Social Independiente (ASI), Berenice Bedoya Pérez, alerta sobre los verdaderos alcances de la reforma pensional que presentará el gobierno del presidente Iván Duque en el curso de los próximos meses.

“Mientras en Colombia no se tenga otra visión del manejo económico, que se sustente en garantizar condiciones dignas para toda la población, sin exclusiones y desigualdades, no habrá luz al final del túnel en materia laboral y pensional”, expresa en su nota de opinión, la dirigente política y a renglón seguido agrega:  “Al fin y al cabo el país afronta a causa del modelo neoliberal una estructura laboral muy precaria, su aparato productivo se encuentra en franco deterioro por favorecer los intereses foráneos a través del libre comercio, que ha llevado a que Colombia pierda su soberanía alimentaria, al estar importando más de 10 millones de toneladas de alimentos al año, cuando perfectamente las puede producir en su territorio”.

Texto de la columna de opinión

Bajo el título “Asistencialismo y consolidación del negocio para los fondos privados, pilares de la anunciada reforma pensional”, la columna de Bedoya Pérez está concebida en los siguientes términos:

Ante las exigencias que viene haciendo de tiempo atrás tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el Banco Mundial al Gobierno de Colombia para tramitar una reforma pensional, surgen en diversos sectores sociales y políticos del país la dudas, temores y desconfianzas, respecto de sus verdaderos alcances, ahora cuando la saliente ministra del Trabajo y nueva titular de la cartera del Interior, Alicia Arango Olmos, confirmó que, efectivamente, la administración del presidente Duque se apresta a presentarla en el curso de los próximos meses.

Saltan los resquemores sobre las consecuencias que tendrán los ajustes en una materia tan sensible como la pensional, por cuanto la experiencia no solo en Colombia, sino en otros países como Chile, Argentina y Francia, muestra a quiénes verdaderamente beneficia una reforma como la que exigen la OCDE, principal centro internacional de promoción y propaganda de las políticas neoliberales, y el Banco Mundial. Tal situación ha llevado a que en los últimos meses se hayan presentado protestas y amplias movilizaciones sociales, ante el rotundo fracaso que han resultado los sistemas implementados, que solo benefician los intereses del capital financiero especulativo, en perjuicio de los de la gran masa de trabajadores.

Responsables directos de la crisis pensional colombiana

Si bien el país está a la expectativa de conocer los alcances de la reforma pensional que el gobierno de Duque la ha enfocado como la adopción de mecanismos para la protección de la vejez, es preciso recordar que los responsables directos de la crisis actual de este sector se debe a la implementación de políticas de privatización de los recursos públicos para el beneficio directo del gran capital, que es elemento esencial de la filosofía del modelo económico neoliberal. En ese sentido, hay que señalar que la Ley 100 de 1993 que se expidió bajo el gobierno de César Gaviria (1990-1994) y en el que jugó papel destacado como ponente de la iniciativa en el Congreso de la República, el cuestionado líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, ha constituido un gran golpe para las reivindicaciones de la clase trabajadora y en contraste, ha sido un jugoso negocio para los fondos privados que administran los recursos que mensualmente los colombianos consignan con la esperanza de obtener una pensión.

Este sistema pensional que ha sido incapaz de garantizar a los trabajadores y a la población adulta colombiana una mesada digna, justa y suficiente, se basa en dos regímenes: el de prima media con prestación definida administrado en un comienzo por el desaparecido Instituto de Seguros Sociales (ISS), y ahora por Colpensiones; y el de ahorro individual con solidaridad manejado por los fondos privados, diseñado al servicio de los intereses del capital financiero.

Tras 26 años de su implementación este sistema arroja los siguientes resultados: 6 de cada 10 personas no cotizan a ningún régimen pensional, porque sus trabajos son altamente informales, mal remunerados y poco estables.

Solo el 31.1% de los adultos mayores entre 57 y 62 años se encuentran pensionados. Algo más del 40% de los trabajadores están afiliados al sistema pensional.

Según Fasecolda, 6 de cada 10 personas que buscan su jubilación en los fondos privados no obtienen una pensión sino una devolución de saldos, lo que los convierte en entidades que captan ahorro individual con altos costos administrativos, que ascienden a 7 billones de pesos por año.

En definitiva, con la expedición de la Ley 100 de 1993 se impuso el debilitamiento del sector público y se le dio al sector privado un excelente negocio, en detrimento de la Seguridad Social de los colombianos. Ello se puede constatar mirando las cifras, pues entre el periodo comprendido del 2010 al 2018, los fondos privados cobraron en costos administrativos la suma de 52.9 billones de pesos y pagaron por mesadas pensionales la suma de 6.4 billones de pesos.

Desmonte del Estado Social de Derecho

De esta manera, se produjo el despojo de buena parte de los derechos laborales en Colombia que comenzó con la Ley 50 de 1990 que precarizó el trabajo cercenando derechos y garantías, y se procedió luego a la privatización de numerosos activos del patrimonio público. Si bien la Constitución de 1991 introdujo el concepto de Estado Social de Derecho para aparentar un aparato estatal garantista, al mismo tiempo concibió una economía y una hacienda pública al servicio del capital privado, con los infortunados resultados en materia social a la vista.

Alcances de la reforma

Por los anuncios que ha hecho el cuestionado Ministro de Hacienda desde hace algunos meses y por el talante neoliberal del Gobierno de Duque, se puede colegir que la anunciada reforma pensional estará enfocada principalmente a detener el masivo traslado de cotizantes de los fondos privados hacia Colpensiones, impidiendo nuevas afiliaciones con el fin expresado por el propio funcionario y voceros del sector financiero de “marchitarla”. Ello incluirá también la reducción de la tasa de reemplazo de Colpensiones, en promedio de 65%, para hacerla más parecida a la de los fondos privados de 35%.

También la reforma buscará el fortalecimiento de los denominados Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y el programa Colombia Mayor, como mecanismos de asistencialismo dirigidos a una alta población que no logra pensionarse, permitiendo jubilaciones por debajo del salario mínimo.

En ese sentido, la concepción del Gobierno es poner en marcha programas asistencialistas, en vez de preocuparse por la formalización laboral en Colombia, razón por la cual la ministra Alicia Arango sale a promocionar el “trabajo por horas”. Se trata no de que logren algún mínimo sustento los trabajadores precarizados sino de estrangularlos al máximo económicamente para que de su miserable bonificación coticen en los fondos privados. Como apenas es obvio, nunca lograrán pensionarse cotizando por horas. Y se inventaron los BEPS como medio para que quienes opten por ellos puedan completar su menguado “ahorro”.

Mientras en Colombia no se tenga otra visión del manejo económico, que se sustente en garantizar condiciones dignas para toda la población, sin exclusiones y desigualdades, no habrá luz al final del túnel en materia laboral y pensional. Al fin y al cabo el país afronta a causa del modelo neoliberal una estructura laboral muy precaria, su aparato productivo se encuentra en franco deterioro por favorecer los intereses foráneos a través del libre comercio, que ha llevado a que Colombia pierda su soberanía alimentaria, al estar importando más de 10 millones de toneladas de alimentos al año, cuando perfectamente las puede producir en su territorio.

Se requiere por tanto, promover políticas públicas que establezcan estímulos a la agricultura y a la industria con lo cual se aumentaría la demanda del trabajo y se fortalecería el mercado interno, generando empleo decente a partir de salarios dignos, con lo cual los trabajadores puedan ahorrar para su pensión en un sistema público eficiente que reemplace el innecesario y leonino modelo de negocio de los fondos privados que se lucran injustificadamente del ahorro de un amplio sector de la población activa laboralmente.

Desafortunadamente, la proyectada reforma pensional del Gobierno de Duque está muy lejos de estos propósitos y solo tiene como mira implementar medidas asistencialistas y propender por mejorar el negocio de los fondos privados, ahondando la crisis social de los trabajadores de Colombia.

@berenicebedoya1